4. Decimos

08/03/17

Represión del 8 de marzo

Desde ABOSEX repudiamos los hechos de violencia institucional y de género que sufrieron las mujeres el día 8 de marzo luego de finalizada la jornada histórica de paro y movilización de mujeres.

Un grupo de mujeres fueron apresadas por la policía de manera intempestiva y en un accionar claramente ilegal y violento, alejado de un Estado de derecho. Las detuvieron arbitrariamente y las mantuvieron en condiciones crueles y ultrajantes hasta el amanecer.

Se trató de un episodio de razzia policial en el marco de una protesta social, una de cuyas consignas era denunciar las elevadas tasas de criminalización contra las mujeres.

El operativo policial, una real caza de brujas, se sucede en un contexto político que justifica, promueve y avala la violencia –institucional- contra los derechos humanos de ciertos grupos sociales, en este caso, movimientos de mujeres. Tolerado por los medios de comunicación hegemónicos que presentan las noticias desde una perspectiva misógina y sexista criminológica. Este accionar no debe ser desligado de las políticas de empobrecimiento que se están llevando adelante con la instalación de un modelo que beneficia a unos pocos en detrimento de las clases populares, para lo cual precisa disciplinar y regular la protesta individual y social.

Las fuerzas de seguridad son un poder lateral que sirve para tales fines.

No es casual que ministros de este gobierno justificaron el accionar de la policía intentando bajar el tono de los episodios y culpabilizando a las mujeres que enfrentaron la violencia institucional. Sus manifestaciones públicas develan la concepción que tienen sobre las marchas populares y, en especial, la valoración social de las mujeres.

Estas lesiones contra los derechos de las mujeres no son nuevas. Los movimientos feministas históricamente combatieron las opresiones económicas, políticas y sociales producidas por los dispositivos de poder en el marco de las relaciones de dominación. La criminalidad ha sido y sigue siendo una de las construcciones paradigmáticas de ese poder, para forjar la idea de que sus comportamientos son un defecto de sus socialización al no haber aprendido roles tradicionales esperables. En definitiva, la perspectiva criminal hacia las mujeres en sus diversas expresiones de género es consolidar estereotipos para dominar.

Lo ocurrido ayer es una muestra de que este gobierno apela a esencializar a las mujeres como violentas o transgresoras del orden tradicional. Ya no les basta psicopatologizar a las mujeres (victima incapaz que no puede decidir si no es por el Otro), como ocurrió en otras épocas, sino que en tiempos de empoderamiento buscan desplegar estrategias más invisibles, entre ellas, la división entre buenas mujeres (que asisten a la marcha sin gritar ni chistar) y malas mujeres (las que van con consignas políticas y reclamos al Estado); típico dispositivo heteropatriarcal. Estamos asistiendo a nuevas formas de denigración de los movimientos feministas, con fines que no son de ahora. En definitiva, normalizan para volvernos indefensxs económica, social, moral y políticamente.

Estas cazas de brujas buscan instalar la división, a su vez, de reclamos legítimos e ilegítimos. La diferencia está puesta en quién los dice y como los hace. Insistimos, no es casual que el gobierno con la anuencia de ciertos medios de comunicación apele a defender el accionar policial y de paso, victimizar al sujeto que con una bandera vaticana cruzó a las manifestantes en el día de ayer.

Estas violencias no son aisladas, hay decenas de casos de razzias contra personas travestis y trans en situación de prostitución, migrantes, vendedorxs ambulantes y defensorxs de derechos humanos que dan cuenta de una sistematización de la persecución, constitutivo de un modelo que invoca la penalidad para arrebatar la potencialidad de las luchas políticas de tales sujetos.

Quieren ver a las mujeres calladas y sumisas. Quieren ver a travestis y trans encarceladas. Quieren ver a lesbianas y homosexuales asimilados culturalmente. Quieren ver a migrantes irse. Quieren ver a trabajadorxs dóciles. Quieren a más Milagro Sala presas. Quieren, en definitiva, desarmar la lucha feminista en todas sus dimensiones políticas.

Pero no podrán.

Quienes deseen formular una denuncia o brindar su testimonio vinculado a los hechos de la noche del 8 de marzo, pueden dirigirse a la PROCUVIN o a la UFEM. Los números telefónicos de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres son: 4371-3407/4371-2658/4371-6218

08/11/13

Incumplimientos a la Ley de Identidad de Género por parte de prepagas y obras sociales: la Superintendencia de Servicios de Salud debe actuar

Desde que la Ley Nro. 26.743 entró en vigor el año pasado, Abogad*s por los Derechos Sexuales está realizando el seguimiento de su cumplimiento y recibiendo información y denuncias desde todo el país.

Si bien obras sociales y prepagas han comenzado a cubrir tratamientos (hormonas) e intervenciones quirúrgicas (mastectomías, por ejemplo) la respuesta hasta ahora no ha sido uniforme. A veces cubren una parte del tratamiento y no otra, a total discreción.

Algunas empresas de medicina prepaga, incluso las más grandes y rentables (las que tienen millones de afiliad*s, sí, también esa en la que estás pensando) niegan coberturas afirmando que la ley no se encuentra reglamentada (pese a que por medio de la ley se incluyen los tratamientos en el Plan Médico Obligatorio).

Esta excusa desconoce el propio texto de la norma, la jerarquía normativa en nuestro ordenamiento jurídico y distintos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según éstos, cualquier defecto u omisión reglamentaria no puede poner en duda la efectividad de un derecho consagrado.

Esta negativa obliga a personas -que en muchos casos tienen obstáculos en el acceso a la justicia- a judicializar su caso, invirtiendo tiempo, recursos y energía. Mientras tanto, muchas de estas personas se ven obligadas a recurrir en forma particular a costosos tratamientos, con la incertidumbre de no saber si van a poder obtener un reembolso por parte de su cobertura. En resumen, la persona trans tiene que pagar la cuota mensual de su “cobertura” de salud, así como los costos del tratamiento necesitado y, por si fuera poco, debe cubrir los gastos legales. Un desquicio.

Por eso es necesario y urgente:

  • Que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y los efectores públicos cubran en forma integral y oportuna los tratamientos sanitarios prescriptos en la Ley Nro. 26.743.
  • Que el Ministerio de Salud de la Nación dicte una resolución que disipe todo tipo de dudas sobre la obligación vigente en cabeza de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. A la reglamentación registral articulada por el Ministerio del Interior (Decreto 1007/12) debe sumársele, como sostuvimos al ser consultad*s y seguimos sosteniendo, una exhaustiva reglamentación sanitaria que eche por tierra los subterfugios de las áreas legales de las empresas de salud.
  • Que la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación haga pública la posición del organismo en relación con la plena vigencia y ejecutoriedad de la Ley Nro. 26.743 y comience a sancionar a las entidades renuentes. El importe de esas multas debería aplicarse a cubrir los gastos en los que incurrieron las personas que accedieron a los tratamientos por otras vías.

Desde AboSex seguiremos promoviendo las acciones legales que aseguren el cumplimiento del derecho a la salud como parte del derecho a la identidad de género, en todas las instancias que correspondan. Pero para que la desjudicialización que pregona la ley sea real, necesitamos reforzar el cumplimiento sin demoras, obstáculos o barreras ilegales por parte de entidades privadas. Y el Estado, garante de los derechos, debe hacerlos cumplir.

Con la titularidad de los derechos no basta, es necesario el ejercicio efectivo, especialmente en una materia tan relevante como la salud. 

28/05/13

La provincia de Córdoba atenta contra los derechos de l*s jóvenes trans reconocidos en la Ley de Identidad de Género

Nos han llegado denuncias que sostienen que el Registro Civil provincial niega a jóvenes trans la posibilidad de presentarse con sus propi*s Abogad*s del* Niñ*, incumpliendo la Ley N° 26.743 y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Niñ*s y Adolescentes. Según las presentaciones, se intenta designar un* abogad* desconocid* y someter al* joven a entrevistas psicológicas totalmente arbitrarias. En caso de disconformidad, existe la amenaza de judicializar su caso y se “invita” al* peticionante a esperar a tener mayoría de edad… Por su parte, un memorando remitido a los registros civiles por el organismo provincial genera que el ejercicio de los derechos en cuestión sea prácticamente imposible.

Ante esto remitimos la siguiente nota solicitando la urgente remoción de los obstáculos. El texto completo puede ser consultado aquí.

27/05/13

A un año de la Ley de Identidad de Género, la violencia continúa

El 9 de mayo de 2013 se cumplió un año de la ley de identidad de género. La ley cambió el universo político argentino dada la revolución que, instada por el movimiento trans local, significó el hecho de que se haya cambiado el paradigma de reconocimiento al derecho a la identidad de género: resistiendo la patologización y la judicialización del derecho.

La ley, que se inscribe en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, tuvo un alto impacto en términos políticos: no es una política social asistencialista ni procura la “reinserción social” del colectivo trans. Se caracteriza por reconocer –mediante los derechos que gestiona- como sujeto político al sujeto trans en la reivindicación personal de su cuerpo y en la construcción de su propia identidad.

La ley implicó una transformación para el Estado hacia el reconocimiento político legal de las identidades y corporalidades trans. Este cambio reubicó el poder constituyente del discurso médico-legal que, durante largo tiempo, operó en la construcción de situaciones de vulnerabilidad para las subjetividades trans en el marco de las habilitaciones o clausuras al reconocimiento del derecho a la identidad de género.

Sin perjuicio de ello, la sanción de esta ley no viene por sí sola a desarticular las violencias que siguen suscitándose en las calles y los ámbitos domésticos, asociados con la violencia de género. Prueba de ello es que el aniversario se vio opacado por el brutal asesinato de la activista fueguina Laura Aixa Xuxu Aguilar Millacahuin, en la ciudad de Río Grande, quien había conseguido la rectificación registral de su documentación y estaba luchando para lograr que la obra social provincial cubriera sus tratamientos.

Es preciso que los avances normativos sean articulados con políticas públicas que puedan complementar y reforzar los derechos allí contenidos.

En este sentido es imprescindible promover cambios culturales, políticos, legales, sociales y económicos destinados a desmantelar las violencias que se promueven mediante los estereotipos de género. Se trata de desactivar las plataformas eclipsantes de las normas del género que se traducen en legalismos que resultan tener un alto costo político para tod*s.

La ley 26.743 está destinada a enmendar y a reparar situaciones concretas de estigmatización, criminalización y vulneración sistemática de derechos humanos vinculados con la identidad y expresión de género de las personas trans en sus ámbitos cotidianos. En ello, se ha jugado un cambio radical: abandonar un marco patologizante y judicializante de interpretación, apostando a la gestión de un paradigma de reconocibilidad política, lo cual se correlaciona con afirmar una política social que no sea compensatoria ni asistencialista residual. Y cuyo fin debe ser acabar con la violencia de género y conseguir la aplicación efectiva e inmediata de todos los derechos sociales.

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