#AbortoLegalYa

Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación dará comienzo al debate parlamentario del proyecto de legalización del aborto. La primera etapa, que se extenderá hasta mediados de mayo, consistirá en una serie de audiencias en las que expondrán más de 1000 representantes de organizaciones y especialistas. En este contexto, además de reiterar nuestro total apoyo a la legalización de la práctica, brindamos algunos de los principales argumentos a favor de esta lucha.

1. Las personas gestantes ya abortan.
En contexto de criminalización de la práctica, esto conduce a prácticas inseguras, insalubres y peligrosas, incluso a muertes. Existe desigualdad en el acceso a mujeres con desiguales recursos y criminalización de una elección que compete a la salud, al cuerpo, a la autonomía y al futuro de la gestante.
Aborto legal, por ello, es respeto e igualdad.

2. No existe en nuestro ordenamiento jurídico ninguna disposición que se pueda invocar para sostener que el Estado argentino debe reconocer un derecho absoluto a la vida desde la concepción. En nuestra legislación, no se equipara la valoración jurídica entre la existencia de un embrión y la vida de la persona nacida. Por caso, el artículo 86 del Código Penal, que permite la interrupción del embarazo por distintas causas y los derechos de las gestantes prevalecen. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) interpretó en el caso “Artavia Murillo” que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo. Se revela de este modo que la concepción es un concepto moral, ni médico ni legal. En esta línea, la imposición de que la vida se inicia desde la concepción es arbitraria ya que no existe consenso científico al respecto. La despenalización y la legalización del aborto temprano no vulneran nuestras leyes ni el derecho internacional. Aborto legal, entonces, es constitucional.

3. Es un derecho humano fundamental que las personas gestantes puedan decidir sobre su propio cuerpo. Por el contrario, criminalizar el aborto supone penalizar cuestiones de salud y lesionar autonomías. En tanto derecho, se encuentra protegido por tratados de Derechos Humanos que poseen jerarquía constitucional (Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 12 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, etc.). De modo semejante, se ha reconocido internacionalmente el derecho a la planificación familiar no desde una perspectiva demográfica sino como un tema central de los derechos a la salud reproductiva y al control de la natalidad (Convención de Beijing, 1995). Aborto legal, no debemos olvidar, es un derecho humano fundamental.

4. A la inversa, legalizar el aborto no es correlativo a un aumento de abortos ni a una obligación a abortar. De hecho, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de abortos en aquellos países donde se legalizó la práctica disminuyó (Fuente: https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017). Aborto legal, de nuevo, es respetar diversidad de elecciones y opiniones.

5. Penalizar abortantes equivale a promover un mercado de abortos clandestinos. Contexto propicio para violencias, riesgos, lucro y discriminaciones de todo tipo. Aborto legal, en este sentido, implica seguridad.

6. La clandestinidad impide, asimismo, el registro estadístico. Tener más información nos ayudaría a conocer mejor el estado de situación en lo que hace al acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva integral y promover la planificación familiar en un sentido más amplio. Esto redundaría en una más eficiente y efectiva planificación e implementación de políticas en la materia. Aborto legal redunda, de este modo, en beneficios y más salud para la sociedad como conjunto.

7. En un sentido más sutil, la criminalización del aborto dificulta también el acceso al aborto no punible, que ya está legalmente reconocido. Sospechas, condenas éticas y religiosas y demoras administrativas suelen dilatar, sino obstaculizar completamente, la garantía de este derecho. La falta de implementación de protocolos de aborto no punible, en las provincias, implica el incumplimiento de la sentencia F.A.L. (2012) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchos médic*s no conocen los derechos humanos de l*s usuari*s de salud y creen que pueden juzgar la verdad o mentira de lo que dicen l*s gestantes. Aborto legal, por el contrario, ayudaría a evitar injusticias y representa un paso adelante en la lucha contra la violencia institucional.

¿Te queda alguna duda?

#AbortoLegalYA

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