A un año de la Ley de Identidad de Género, la violencia continúa

El 9 de mayo de 2013 se cumplió un año de la ley de identidad de género. La ley cambió el universo político argentino dada la revolución que, instada por el movimiento trans local, significó el hecho de que se haya cambiado el paradigma de reconocimiento al derecho a la identidad de género: resistiendo la patologización y la judicialización del derecho.

La ley, que se inscribe en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos, tuvo un alto impacto en términos políticos: no es una política social asistencialista ni procura la “reinserción social” del colectivo trans. Se caracteriza por reconocer –mediante los derechos que gestiona- como sujeto político al sujeto trans en la reivindicación personal de su cuerpo y en la construcción de su propia identidad.

La ley implicó una transformación para el Estado hacia el reconocimiento político legal de las identidades y corporalidades trans. Este cambio reubicó el poder constituyente del discurso médico-legal que, durante largo tiempo, operó en la construcción de situaciones de vulnerabilidad para las subjetividades trans en el marco de las habilitaciones o clausuras al reconocimiento del derecho a la identidad de género.

Sin perjuicio de ello, la sanción de esta ley no viene por sí sola a desarticular las violencias que siguen suscitándose en las calles y los ámbitos domésticos, asociados con la violencia de género. Prueba de ello es que el aniversario se vio opacado por el brutal asesinato de la activista fueguina Laura Aixa Xuxu Aguilar Millacahuin, en la ciudad de Río Grande, quien había conseguido la rectificación registral de su documentación y estaba luchando para lograr que la obra social provincial cubriera sus tratamientos.

Es preciso que los avances normativos sean articulados con políticas públicas que puedan complementar y reforzar los derechos allí contenidos.

En este sentido es imprescindible promover cambios culturales, políticos, legales, sociales y económicos destinados a desmantelar las violencias que se promueven mediante los estereotipos de género. Se trata de desactivar las plataformas eclipsantes de las normas del género que se traducen en legalismos que resultan tener un alto costo político para tod*s.

La ley 26.743 está destinada a enmendar y a reparar situaciones concretas de estigmatización, criminalización y vulneración sistemática de derechos humanos vinculados con la identidad y expresión de género de las personas trans en sus ámbitos cotidianos. En ello, se ha jugado un cambio radical: abandonar un marco patologizante y judicializante de interpretación, apostando a la gestión de un paradigma de reconocibilidad política, lo cual se correlaciona con afirmar una política social que no sea compensatoria ni asistencialista residual. Y cuyo fin debe ser acabar con la violencia de género y conseguir la aplicación efectiva e inmediata de todos los derechos sociales.

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